La cumbre de gobernadores por el desarrollo de las regiones que sesiona durante dos días en Cartagena será clausurada mañana viernes por el presidente Gustavo Petro.

Los mandatarios fueron convocados por la Federación Nacional de Departamentos.

En la agenda de este jueves prevista para las 2 p.m, han sido invitados Yamil Arana, Gobernador de Bolívar y presidente electo de la FND; Luis Fernando Velasco, Ministro del Interior; Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación;  Carlos Mario Zuluaga, Contralor General de la República en funciones.

Desde las 3 p.m. intervienen el director de Departamento Nacional de Planeación; Laura Sarabia, Directora Departamento de Prosperidad Social; Juan Carlos Muñiz, presidente Findeter; Catalina Velasco, Ministra de Vivienda; Susana Muhamad, Ministra de Ambiente, y Sandra Ortiz, consejera de Regiones.

En  el programa de este viernes que comienza a las 8 a.m. han sido invitados Iván Velásquez, Ministro de Defensa; el general William Salamanca, director de la Policía; Carlos Camargo, Defensor del Pueblo; -Hernán Penagos,  Registrador Nacional, y Olmedo de Jesús López, Director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

La clausura el viernes, prevista para las 6 de la tarde, estará a cargo del Jefe de Estado.

Vale recordar que los gobernadores de la Costa están sesionando desde ayer miércoles en los que discutieron temas como el RAP Caribe en el que fue elegido el mandatario del Atlántico, Eduardo Verano como nuevo presidente, pero además analizaron con la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y proyectos como la recuperación de la Mojana y la megaobra del Canal del Dique.

En la segunda reunión, los gobernadores y la MinAmbiente acordaron una inversión gubernamental de 1.6 billones de pesos, complementados con aportes regionales de regalías durante los próximos 8 años, sumando un total de 455 mil millones de pesos.

Sobre el Canal del Dique, la funcionaria les confirmó que sí se requiere licencia ambiental, lo que ha causado malestar en la Costa, porque así lo exige la ley por el impacto sobre los ecosistemas.